
Diligencia debida KYC: niveles, etapas y lista de control
Guía práctica de la diligencia debida KYC: los tres niveles, las cinco etapas, cuándo se aplican controles reforzados y qué debe contener un expediente de cliente conforme. ver más...
Analizamos siete paraísos fiscales y jurisdicciones de baja tributación según los criterios esenciales para la estructuración internacional: régimen fiscal, sustancia económica, cumplimiento ante la UE y la OCDE, participación en CRS y FATCA, viabilidad bancaria y encaje cripto. Esta guía práctica ofrece datos verificables para que los fundadores elijan el marco jurídico y fiscal adecuado sin generar problemas de cumplimiento con bancos, inversores o autoridades fiscales.

Los fundadores que buscan una jurisdicción de baja tributación se enfrentan a un problema distinto del que sugiere el titular. El término “paraísos fiscales” tiene una fuerte carga política, pero la pregunta práctica es sencilla: ¿qué jurisdicción le ofrece el marco jurídico y fiscal que necesita sin crear problemas de cumplimiento con su banco, sus inversores o la autoridad fiscal de su país de origen?
A continuación analizamos siete jurisdicciones de baja tributación muy utilizadas según los criterios que importan en la estructuración internacional: régimen fiscal, requisitos de sustancia económica, situación ante la UE y la OCDE, participación en CRS y FATCA, viabilidad bancaria y encaje para negocios cripto o fintech. Datos que puede verificar, no clasificaciones basadas en suposiciones.
Una jurisdicción recibe esta etiqueta cuando ofrece una o varias de estas características: impuesto sobre la renta nulo o muy bajo para las rentas de fuente extranjera, obligaciones de información limitadas o inexistentes, requisitos mínimos de sustancia económica y pocas obligaciones derivadas de convenios fiscales.
En la práctica, el término abarca desde jurisdicciones sin impuestos y con regulación ligera (BVI, Caimán, Islas Marshall) hasta sistemas territoriales que eximen la renta extranjera pero mantienen un régimen fiscal interno (Costa Rica, Panamá).
La OCDE y la UE llevan una década acotando la definición. La Acción 5 de BEPS exige que las jurisdicciones sin tributación o con tributación meramente nominal demuestren que las actividades móviles tienen una sustancia económica real en su territorio.
La UE mantiene dos listas: el Anexo I (la lista negra), para las jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal, y el Anexo II (la lista gris), para las que están haciendo reformas pero aún no cumplen plenamente. El Consejo de la UE adoptó la lista vigente el 17 de febrero de 2026, con 10 jurisdicciones en la lista negra.
Figurar en cualquiera de las dos listas genera problemas prácticos: restricciones bancarias, mayor diligencia debida por parte de las contrapartes y posibles retenciones en origen en los Estados miembros de la UE.
La verdadera pregunta no es si una jurisdicción es un “paraíso fiscal” en sentido político. Es si la jurisdicción responde a las necesidades de su negocio y se mantiene fuera de las listas problemáticas de la UE y la OCDE.
Las BVI siguen siendo la jurisdicción offshore más utilizada para constituir sociedades, con más de 360.000 entidades activas en su registro a principios de 2026.
Régimen fiscal: no hay impuesto sobre la renta, sobre las ganancias de capital ni retenciones sobre la renta de fuente extranjera. Las BVI no aplican impuesto de sociedades.
Sustancia económica: la Economic Substance (Companies and Limited Partnerships) Act, 2018 exige a las entidades que desarrollen alguna de las nueve actividades pertinentes demostrar sustancia en la jurisdicción. Las nueve actividades son banca, seguros, gestión de fondos, financiación y arrendamiento, sede central, transporte marítimo, sociedad holding, propiedad intelectual y centro de distribución y servicios. Las sociedades holding de participaciones puras se someten a una prueba más ligera: deben cumplir las obligaciones de presentación legales de la BVI Business Companies Act, pero no necesitan cumplir los requisitos completos de dirección y gestión ni de CIGA. Las entidades que no realicen ninguna actividad pertinente deben presentar igualmente una declaración negativa.
Situación ante la UE y la OCDE: las BVI figuran en la lista gris de la UE (Anexo II). El FATF incluyó a las BVI en su lista gris en junio de 2025, por deficiencias en la transparencia de la titularidad real. La International Tax Authority (ITA) de las BVI trasladó todas las declaraciones de sustancia económica a la plataforma VIRRGIN el 2 de enero de 2026.
CRS y FATCA: las BVI participan tanto en CRS como en FATCA. Los titulares con vínculos con EE. UU. deben tener en cuenta las obligaciones de información de FATCA.
Banca: las BVI tienen una banca local limitada. La mayoría de las entidades de las BVI abren cuentas en jurisdicciones donde tienen presencia operativa.
Cripto y fintech: las BVI se usan con frecuencia para sociedades holding en estructuras cripto. El marco de licencias VASP está menos desarrollado que en Caimán o en las jurisdicciones de la UE. Para los fundadores que estudian paraísos fiscales para negocios cripto, las BVI ofrecen baja tributación pero menos profundidad en licencias que Caimán.
Las Islas Caimán son el principal domicilio del mundo para fondos de inversión y un centro destacado para proveedores de servicios de criptoactivos.
Régimen fiscal: no hay impuesto sobre la renta, sobre las ganancias de capital ni retenciones sobre la renta de fuente extranjera.
Sustancia económica: la International Tax Co-operation (Economic Substance) Act (2026 Revision), publicada el 5 de febrero de 2026, consolida las modificaciones anteriores. La ley exige a las entidades que realicen actividades pertinentes superar la prueba de dirección y gestión, llevar a cabo en las Islas Caimán sus actividades principales generadoras de ingresos y mantener empleados, instalaciones y gastos adecuados.
Situación ante la UE y la OCDE: las Islas Caimán no figuran en la lista negra ni en la lista gris de la UE. La jurisdicción salió de ambas tras resolver las objeciones anteriores.
CRS y FATCA: las Islas Caimán participan en ambos. Desde el 1 de enero de 2026 entran en vigor el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) y la normativa CRS modificada. Los Reporting Crypto-Asset Service Providers (RCASP) de Caimán deben aplicar diligencia debida a sus usuarios, obtener una autocertificación de residencia fiscal y comunicar datos agregados de operaciones. La primera declaración CARF vence el 30 de junio de 2027 y corresponde al año natural 2026. El CRS modificado amplía además su ámbito a los productos de dinero electrónico y a las monedas digitales de banco central.
Banca: las Islas Caimán cuentan con un sector bancario local sólido. La Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) autoriza y supervisa a las entidades financieras.
Cripto y fintech: la Virtual Asset (Service Providers) Act regula a los proveedores de servicios de activos virtuales en las Islas Caimán. Ya está en vigor la fase 2, que exige licencia completa a las plataformas de negociación y a los custodios. CIMA concedió las primeras licencias VASP el 5 de febrero de 2026. A principios de 2026 había 19 VASP registrados ante CIMA.
Panamá aplica uno de los sistemas fiscales territoriales más antiguos de América. La reforma de 2026 cambia la situación para algunas estructuras.
Régimen fiscal: Panamá aplica un sistema territorial. Solo tributan las rentas de fuente panameña. Como regla general, la renta de fuente extranjera ha estado exenta.
Sustancia económica: la Ley n.º 526 de 2026, promulgada el 28 de mayo de 2026 y publicada en la Gaceta Oficial n.º 30534-B, introduce requisitos de sustancia económica para las entidades constituidas o domiciliadas en Panamá que formen parte de grupos multinacionales y obtengan rentas pasivas de fuente extranjera (dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, rentas inmobiliarias y otras rentas pasivas). La ley se aplica a partir del ejercicio fiscal 2027. Las entidades que acrediten sustancia se clasifican como “entidades calificadas” y la renta sigue exenta. Las que no lo hagan pagan un impuesto definitivo del 15% sobre la renta neta gravable. No existe un umbral mínimo de tamaño: basta con dos entidades vinculadas en jurisdicciones distintas para que se apliquen las normas.
Situación ante la UE y la OCDE: Panamá figura en la lista negra de la UE (Anexo I). La Ley 526 se aprobó en parte para facilitar la salida de Panamá de la lista de la UE.
CRS y FATCA: Panamá participa en CRS. Con el sistema territorial, la renta de fuente panameña tributa; la renta de fuente extranjera de las entidades que no forman parte de grupos multinacionales sigue exenta.
Formación de empresas: consulte nuestra página sobre constitución de sociedades en Panamá para conocer la elección de la forma societaria, el agente residente y los pasos de inscripción.
Banca: Panamá tiene un sector bancario local desarrollado, supervisado por la Superintendencia de Bancos. El acceso bancario depende de la naturaleza del negocio y del perfil de cumplimiento del solicitante.
Cripto y fintech: Panamá no tiene una legislación fiscal específica sobre criptomonedas. Con el sistema territorial, los ingresos cripto procedentes de plataformas internacionales se tratarían probablemente como renta de fuente extranjera y, por tanto, exenta, aunque esto aún no se ha contrastado en la práctica.
Seychelles ofrece un sistema fiscal territorial con tributación cero sobre la renta de fuente extranjera para las entidades que cumplen los requisitos.
Régimen fiscal: la renta de fuente seychellense tributa. La renta procedente de fuera de las islas no tributa, siempre que la entidad cumpla los requisitos de sustancia económica.
Sustancia económica: la Business Tax (Amendment) Act 2021, en vigor desde el 16 de septiembre de 2021, vincula la exención de las rentas pasivas extranjeras a la presencia económica. Las sociedades holding puras se someten a una prueba de sustancia más ligera (oficina, agente e información básica). Las demás entidades necesitan presencia completa: dirección y gestión en Seychelles, CIGA realizadas localmente y empleados, instalaciones y gastos adecuados.
Situación ante la UE y la OCDE: la UE retiró a Seychelles del Anexo II (la lista gris) el 17 de febrero de 2026, después de que el Global Forum de la OCDE calificara a Seychelles como “Largely Compliant” en intercambio de información previa petición (EOIR). Seychelles ya no figura en ninguna lista de la UE.
CRS y FATCA: Seychelles participa en CRS. La declaración de la titularidad real es obligatoria.
Banca: la banca en Seychelles es limitada y puede resultar complicada para modelos de negocio de alto riesgo. Abrir y mantener una cuenta bancaria suele ser la parte más difícil de una estructura en Seychelles.
Cripto y fintech: la International Business Companies Act 2016 establece el marco jurídico para la constitución de sociedades. Seychelles se utiliza con frecuencia para sociedades holding cripto y estructuras de trading, pero las limitaciones bancarias son una restricción práctica.
Las Islas Marshall ofrecen tributación cero sobre la renta de fuente extranjera y se usan habitualmente para estructuras holding y de trading.
Régimen fiscal: no hay impuesto sobre la renta, sobre las ganancias de capital ni retenciones sobre la renta de fuente extranjera.
Sustancia económica: las Economic Substance Regulations, 2018 se promulgaron al amparo de la Business Corporations Act y entraron en vigor el 1 de enero de 2019. Se modificaron el 21 de febrero de 2019 y de nuevo el 29 de agosto de 2019. Las entidades que realizan actividades pertinentes deben demostrar sustancia en la jurisdicción. Las Islas Marshall entraron en la lista negra de la UE en febrero de 2023 por no aplicar las normas de sustancia, pero salieron de ella en octubre de 2023 tras avanzar de forma significativa en su aplicación.
CRS y FATCA: las Islas Marshall participan en CRS e intercambian información sobre cuentas financieras desde 2018. La jurisdicción no tiene un Intergovernmental Agreement (IGA) de FATCA, lo que complica las cosas a los titulares con vínculos con EE. UU. Existe un plazo del Global Forum de la OCDE en junio de 2026 para atender las recomendaciones provisionales sobre la aplicación del CRS, al que seguirá un informe final de implementación. Una mala calificación podría tener consecuencias en el acceso a los mercados.
Banca: las Islas Marshall tienen una banca local limitada. La mayoría de las entidades abren cuentas mediante relaciones de banca corresponsal o en jurisdicciones donde tienen presencia operativa.
Cripto y fintech: las Islas Marshall se utilizan para sociedades holding en estructuras cripto, pero su infraestructura de licencias es limitada frente a Caimán o las jurisdicciones de la UE.
Belice reformó su marco societario y fiscal entre 2019 y 2022 y pasó de un régimen IBC sin impuestos a un sistema territorial con requisitos de sustancia económica.
Régimen fiscal: Belice aplica un sistema fiscal territorial. Las rentas de actividades realizadas en Belice tributan. La renta de fuente extranjera está exenta.
Sustancia económica: la Economic Substance Act, 2019 (Ley n.º 15 de 2019) se promulgó el 12 de octubre de 2019 con efectos desde el 1 de enero de 2019. Exige a las entidades que realizan actividades pertinentes demostrar sustancia en Belice. La Belize Companies Act, 2022 (Ley n.º 11 de 2022) sustituyó a la antigua IBC Act y a la anterior Companies Act con un único marco legal. Todas las sociedades están ahora sujetas a las mismas normas, y las entidades constituidas bajo la antigua IBC Act deben volver a inscribirse.
Situación ante la UE y la OCDE: Belice entró en la lista negra de la UE en octubre de 2023 tras recibir una calificación EOIR de “partially compliant” del Global Forum de la OCDE. Salió de la lista negra en febrero de 2024 tras solicitar una revisión complementaria. Actualmente Belice figura en la lista gris de la UE (Anexo II).
CRS y FATCA: Belice participa en CRS. Todas las IBC deben declarar su situación conforme a la Economic Substance Act a través de su agente registrado ante la International Financial Services Commission (IFSC).
Banca: la banca en Belice es limitada para estructuras internacionales. El sector bancario local es pequeño.
Cripto y fintech: Belice no prohíbe la actividad cripto, pero su infraestructura de licencias es limitada. Con el sistema territorial, la renta cripto de fuente extranjera está exenta, aunque los requisitos de sustancia económica se aplican si la entidad realiza actividades pertinentes.
Costa Rica se distingue de las demás jurisdicciones de esta lista porque tiene una economía interna desarrollada, es miembro de la OCDE y cuenta con un sistema fiscal territorial reformado para responder a las objeciones de la UE.
Régimen fiscal: Costa Rica aplica un impuesto sobre la renta territorial. Solo tributa la renta de fuente costarricense. El tipo general del impuesto sobre sociedades es del 30%, con tipos reducidos para las empresas más pequeñas. Las ganancias de capital tributan al 15% según la Ley 9635 (la reforma fiscal de 2019). La renta de fuente extranjera está exenta.
Sustancia económica: Costa Rica reformó en 2023 su régimen de rentas pasivas de fuente extranjera (FSIE) para alinearlo con los estándares internacionales. Con estas reformas, las rentas pasivas procedentes de entidades situadas en jurisdicciones no cooperativas se tratan como renta de fuente costarricense. La reforma contribuyó a que Costa Rica saliera de la lista negra de la UE.
Situación ante la UE y la OCDE: Costa Rica se convirtió en el 38.º miembro de la OCDE en mayo de 2021. Salió de la lista negra de la UE en octubre de 2023 tras modificar los aspectos perjudiciales de su régimen de exención de rentas de fuente extranjera, y después salió de la lista gris en febrero de 2025 tras cumplir sus compromisos pendientes.
CRS y FATCA: Costa Rica participa en CRS e intercambia información conforme al Common Reporting Standard. El país tiene una red de convenios limitada (cuatro convenios para evitar la doble imposición en vigor, con Alemania, México, España y los Emiratos Árabes Unidos).
Banca: Costa Rica tiene un sector bancario local desarrollado. El acceso bancario suele ser más sencillo que en las jurisdicciones puramente offshore, aunque los modelos de negocio de alto riesgo siguen sometidos a escrutinio.
Cripto y fintech: Costa Rica no tiene una legislación fiscal específica sobre criptomonedas. Con el sistema territorial, los ingresos cripto procedentes de plataformas internacionales se tratarían probablemente como renta de fuente extranjera y, por tanto, exenta de impuestos costarricenses, aunque esto aún no se ha contrastado en la práctica. El Banco Central de Costa Rica ha declarado que las criptomonedas no son de curso legal.
La situación en las listas de la UE y la OCDE es el primer filtro. A mediados de 2026, Panamá figura en la lista negra de la UE, mientras que las BVI y Belice están en la lista gris. Las Islas Caimán y Costa Rica no figuran en ninguna de las dos.
Para los fundadores que buscan opciones de baja tributación en Europa, jurisdicciones como Chipre, Malta e Irlanda ofrecen sistemas territoriales o de tipos reducidos, pero la plena pertenencia a la UE conlleva obligaciones de cumplimiento de MiCA y AMLR que las jurisdicciones offshore evitan.
Los requisitos de sustancia varían según la actividad. Las sociedades holding de participaciones puras se someten a pruebas más ligeras en las siete jurisdicciones. Las empresas operativas necesitan presencia de dirección y gestión, CIGA, empleados e instalaciones. Si no puede o no quiere mantener sustancia, esa jurisdicción no es la adecuada para su empresa offshore.
La banca suele ser el factor decisivo. Las jurisdicciones offshore sin economía interna (BVI, Islas Marshall, Seychelles) tienen opciones bancarias limitadas. Las jurisdicciones con sectores financieros desarrollados (Caimán, Costa Rica, Panamá) ofrecen más opciones, pero siguen aplicando un escrutinio reforzado a los modelos de negocio de alto riesgo. La facilitación bancaria es uno de los servicios principales que prestamos en LegalBison precisamente porque abrir cuentas para negocios cripto y fintech es realmente difícil.
Una red de convenios reducida (Costa Rica tiene aproximadamente 5 convenios) implica que la mayoría de los pagos al exterior soportan los tipos de retención internos. Una red de convenios más amplia puede reducir las retenciones sobre dividendos, intereses y regalías. Esto importa si su estructura incluye pagos transfronterizos entre entidades de distintas jurisdicciones.
Elegir una jurisdicción es el primer paso. Después viene el cumplimiento continuo: presentaciones anuales, declaraciones de sustancia económica, actualizaciones de la titularidad real, información regulatoria y seguimiento de los cambios en las listas de la UE y la OCDE. Una jurisdicción que hoy cumple puede afrontar nuevos requisitos mañana. La migración de las BVI a VIRRGIN, la Ley 526 de Panamá y la implantación del CARF en Caimán muestran lo rápido que cambia el marco regulatorio.
En LegalBison asesoramos en más de 50 jurisdicciones. Nuestras recomendaciones dependen de su modelo de negocio, no de dónde tenemos oficinas. La formación de empresas es el punto de partida, pero el verdadero trabajo consiste en diseñar una estructura que funcione en la operativa, supere el escrutinio regulatorio y siga cumpliendo a medida que cambian las normas.
Si está evaluando jurisdicciones para una estructura internacional, reserve una consulta gratuita y analizaremos las opciones en función de su modelo de negocio concreto.
Nuestro equipo de expertos se complacerá en ofrecerle respuestas y una solución integral para todas sus necesidades legales corporativas.