Todos los requisitos deben cumplirse antes de presentar la solicitud a la ASF. La ASF no tramita solicitudes incompletas, y la falta de documentación o una estructura de gobernanza deficiente en el momento de la presentación retrasarán el proceso o darán lugar a un rechazo. Los requisitos abarcan cuatro ámbitos: estructura societaria y capital, preparación para el cumplimiento de la tasa regulatoria del 0,5 % de la ASF, autorizaciones técnicas previas de la ADR y del ICI, y obligaciones de gobernanza, PBC y presencia.
Estructura societaria y requisitos de capital
Los solicitantes de una licencia CASP rumana deben constituir una entidad jurídica rumana antes de presentar la solicitud a la ASF. Las dos estructuras más habituales son la Societate cu Raspundere Limitata (SRL) y la Societate pe Actiuni (SA). La SRL es la preferida por las startups y las plataformas más pequeñas porque exige menores costes de constitución y una gobernanza más sencilla. La SA se adapta mejor a las plataformas más grandes o a las que captan capital institucional, ya que admite estructuras de capital social exigidas por algunos inversores y ofrece un marco más familiar para las entidades financieras reguladas.
Se exige al menos un miembro del consejo de administración residente en la UE. La entidad debe tener una presencia real en Rumanía: un domicilio social, sustancia operativa y personal capaz de gestionar el cumplimiento y la gobernanza desde el país.
Requisitos de capital por categoría de servicio:
Un punto de planificación crítico: los fondos propios también deben cubrir al menos una cuarta parte de los gastos fijos del ejercicio anterior, independientemente del umbral de capital mínimo aplicable. Los fundadores que aspiran a un crecimiento rápido deben planificar reservas de capital muy por encima de los mínimos regulatorios para evitar incumplir el requisito continuo de fondos propios a medida que escalan los ingresos y las bases de costes.
La tasa regulatoria del 0,5 % de la ASF
Rumanía impone una tasa mensual de supervisión equivalente al 0,5 % de los ingresos operativos de un CASP. Esta tasa debe abonarse a la ASF antes del día 15 del mes siguiente al mes en que se generaron los ingresos. La tasa se aplica a todos los CASP autorizados que operen en Rumanía, con independencia de que estén constituidos localmente o accedan mediante pasaporte desde otra jurisdicción de la UE.
Este gravamen es exclusivo de Rumanía entre las jurisdicciones MiCA de la UE y no tiene equivalente directo en Malta, Lituania, Polonia o Estonia. Debe tenerse en cuenta en los modelos operativos desde el principio. Los fundadores que comparen la licencia CASP rumana con otras jurisdicciones MiCA deberían modelizar la tasa del 0,5 % frente a los ingresos operativos previstos antes de comprometerse con Rumanía como su jurisdicción MiCA de referencia.
Autorizaciones técnicas previas: ADR e ICI
Rumanía exige una autorización previa obligatoria de los sistemas informáticos por parte de la Autoridad para la Digitalización de Rumanía (ADR) antes de poder presentar la solicitud principal a la ASF. Esta fase de autorización previa es específica de Rumanía y no se exige en virtud de MiCA en la mayoría de los demás Estados miembros de la UE. También es uno de los pasos más frecuentemente pasados por alto por los solicitantes que abordan el licenciamiento rumano sin experiencia local, lo que lo convierte en una partida crítica de planificación.
Qué revisa la ADR: La evaluación de la ADR examina la arquitectura de ciberseguridad del CASP, los marcos de resiliencia operativa, los planes de continuidad de los sistemas y la alineación con el Reglamento sobre la resiliencia operativa digital (DORA). Los solicitantes deben presentar documentación técnica detallada que abarque el diseño de la infraestructura, los controles de seguridad, los procedimientos de respuesta a incidentes y las medidas de protección de datos. Las presentaciones deficientemente preparadas retrasarán la autorización y, por extensión, todo el calendario de licenciamiento.
El proceso de autorización de la ADR suele durar de 2 a 4 semanas para solicitantes bien preparados. Una presentación técnica completa y profesionalmente elaborada es la forma más fiable de mantener esta fase dentro de su duración prevista.
Autorización del ICI para cajeros cripto: Los CASP que operen cajeros cripto físicos en Rumanía deben obtener una aprobación de hardware adicional del Instituto Nacional de Informática (ICI), además de la autorización informática estándar de la ADR. Este requisito de autorización previa de hardware se aplica específicamente a la infraestructura de cajeros automáticos y no afecta a las operaciones CASP exclusivamente de software.
Requisitos de gobernanza, PBC y presencia
El capital y la autorización informática solo representan una parte del panorama de la autorización. La ASF también evalúa la calidad de la gobernanza, la idoneidad del programa de PBC y la sustancia organizativa como parte de la revisión de la solicitud CASP. Estas áreas están infrarrepresentadas en la mayoría de las guías publicadas sobre licenciamiento cripto rumano, pero se evalúan con el mismo rigor que los requisitos de capital y técnicos.
Requisitos de gobernanza:
- Consejero local: Al menos un miembro del consejo de administración con residencia en la UE y experiencia profesional pertinente. Las evaluaciones de idoneidad se aplican a todos los titulares de funciones clave;
- Documentación de gobernanza: Se exigen estatutos del consejo, políticas de conflictos de intereses, políticas de remuneración y estructuras claras de delegación de autoridad;
- Políticas de ciberseguridad: La ASF espera una gobernanza documentada de la ciberseguridad alineada con los requisitos de DORA, que se solapan con la revisión previa de la ADR pero son distintos de ella.
Requisitos de PBC/FT:
- Un programa de cumplimiento de PBC plenamente alineado con la Ley 129/2019, que trata a los CASP como entidades financieras sujetas a las mismas obligaciones de diligencia debida y seguimiento que los bancos y las entidades de pago;
- Políticas de KYC detalladas que abarquen la identificación de clientes, la determinación de la titularidad real, la diligencia debida reforzada para clientes de alto riesgo y los procedimientos para interacciones con monederos no alojados;
- Un responsable de cumplimiento de PBC designado, con responsabilidades documentadas y líneas de reporte al consejo;
- Un marco de seguimiento de operaciones con umbrales de alerta definidos, procedimientos de escalado y protocolos de presentación de IOS ante la ONPCSB.